Sobre el proyecto para el Polo Audiovisual Isla Demarchi

El 20 de septiembre de 2012 se anunció el lanzamiento de una licitación pública para el desarrollo del proyecto de un “Polo Audiovisual” en la ciudad de Buenos Aires –a pesar de que la ciudad ya cuenta con un “Distrito Audiovisual” con fines similares– en lo que se conoce como “Isla Demarchi” y en realidad es una península de esa isla llamada “Puerto Madero”.

Cuando en los primeros días de octubre se dieron a conocer las características de la licitación, se supo que el proyecto se desarrollaría en un terreno de la “Isla Demarchi” (la fracción D, de aproximadamente 12 hectáreas en el límite sur del sitio) que puede contener doscientos cuarenta mil metros cuadrados (producto del factor de ocupación 2 que le asigna a la zona el Código de Planeamiento Urbano) afectados al funcionamiento del Polo Audiovisual y gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

De acuerdo con las bases de la licitación, se afectará al uso específico de la producción audiovisual (estudios, oficinas, escuelas, etc.) cerca de la mitad de la superficie, y se destina el resto al punto “Usos complementarios”, lo que deja alrededor de ciento veinte mil metros cuadrados para la rentabilidad de la operación.

Quizá por efecto de la velocidad de los anuncios, los medios publicaron imágenes erróneas del sitio en cuestión –la excepción fue Página/12–, en un episodio que resulta útil para observar la naturaleza del problema que enfrenta este desarrollo de la ciudad: el tiempo. Esta es la verdadera clave de este problema urbanístico, el tiempo, porque es evidente que no es posible –ni deseable– que el destino de una porción tan importante de una ciudad se defina en un plazo tan corto.

Ni los arquitectos que tengan que elaborar el proyecto podrán hacerlo correctamente, ni la ciudadanía, que debería intervenir de manera activa en este proceso, podrá hacerlo de manera tan perentoria. La definición de un sector de nuestra ciudad tan relevante por dimensión, ubicación e impacto no puede quedar librada al interés particular de una empresa –la que resulte ganadora de la licitación– ni a la decisión de un jurado inexperto –que incluye a un solo miembro con formación específica, que además representa al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que presumiblemente tendrá poco peso político en el dictamen–.

Es innegable que la obra tendrá efectos positivos para el área y para el sector de La Boca que se encuentra frente a ella (ambos hoy muy degradados), que se beneficiará de la construcción de un puente para conectarlos. No obstante, debería ser objeto de debate cuáles serán los usos complementarios, qué características tendrán los espacios públicos y otros temas que hacen a la definición de este sector de la ciudad. Pero para el debate hay una evidente falta de vocación, ya que, de acuerdo con las bases de la licitación, se utilizarán los indicadores urbanísticos del lote (Industrial 1); de esa manera se evita cambiar la zonificación, lo que implicaría tener que someterlo a la aprobación de la Legislatura.

La gestión de la ciudad sólo puede ser pensada con tiempo y por muchos. Al menos, ese es el modo democrático de hacerlo.

Por supuesto, como suele suceder en la gestión de una ciudad, esto continuará.