Por qué preferimos no ver la inseguridad (aunque digamos lo contrario)

En Por qué preferimos no ver la inseguridad (aunque digamos lo contrario), Marcelo Sain retoma algunos elementos de la teoría social contemporánea, aunque sin incurrir en tecnicismos, para tratar uno de los temas de mayor impacto en la actualidad. El título juega con el del libro de François Dubet, ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario), que plantea cómo la crisis de las solidaridades ha intensificado las desigualdades. Pero el trabajo de Sain es más bien deudor de un estudio reciente del sociólogo estadounidense Howard Becker, Mozart, el asesinato y los límites del sentido común, que busca pensar cómo razonar a partir de casos específicos. Y, efectivamente, Sain toma tres casos para sostener y fundamentar su argumento central, que resulta bastante más sencillo de comprender que de digerir: desde la década de 1990, en la provincia de Buenos Aires se ha conformado un contubernio ―una cohabitación ilícita entre grupos con algún fin político o económico― que vincula a sectores de la policía provincial y grupos de narcotraficantes en función del desarrollo de emprendimientos abocados a la adquisición, producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales, con la cobertura, legitimación o participación de los gobiernos. Este contubernio se funda en lo que, desde sus últimos trabajos, Sain ha venido denominando “doble pacto”: uno político-policial, que implicó la delegación del gobierno de la seguridad por parte de las sucesivas autoridades gubernamentales a las cúpulas policiales; y otro policial-criminal, centrado en el control de los delitos, que queda en manos de la policía en cuanto regula y participa en la trama.

El libro se propone entonces una descripción fenomenológica de este doble pacto a través de tres casos que permiten esbozar conceptos y ensayar interpretaciones: el de Candela Sol Rodríguez, una niña de once años secuestrada y asesinada en la zona oeste del Gran Buenos Aires en agosto de 2011, y los de los comisarios José Luis Santiso ―quien fuera titular de la Jefatura Departamental de San Martín― y Pablo Bressi ―que estuvo al mando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre diciembre de 2015 y mayo de 2017―, ambos implicados en actividades criminales. Lo que alumbran los casos son los vínculos entre los actores fundamentales ―gobernantes, policía y criminales― en la trama del doble pacto. Queda a la luz que el beneficio que obtendrá de esto la política será una gobernabilidad pactada sobre el crimen, sin trances desestabilizantes para la gestión de turno. Los criminales podrán llevar a cabo sus emprendimientos ilegales en un escenario previsible y seguro, derivado de la protección y la regulación policial. Para la policía, lo esencial es ganar prestigio institucional mediante el control efectivo de la criminalidad por medio de su regulación ilegal y obtener además un plusvalor económico significativo.

Las reflexiones de Sain incomodan porque, como ya se anuncia desde el título del libro, si bien la inseguridad es hoy una cuestión de gran trascendencia, desde el ámbito social, político y académico no se evidencia una voluntad de desentrañar sus causas y comprender las razones de su persistencia. Y esto es así, sobre todo, porque conlleva reconocer que existe una institucionalidad estatal ilegal que ha adquirido un papel relevante en cierto control del crimen y en la apropiación de los fondos generados por la actividad delictiva manipulada policialmente. Sain redobla la apuesta e incluso arriesga algunas propuestas realistas y factibles para abordar el problema.

Marcelo Sain, Por qué preferimos no ver la inseguridad (aunque digamos lo contrario), Siglo XXI, 2017, 152 págs.