La ley del saqueo litífero en las salinas de la puna argentina

El litio se ha vuelto indispensable a escala global en la transición energética hacia la electromovilidad. Los autos fósiles, que funcionan fundamentalmente a base de petróleo, lo harán ahora a base de electricidad, y por lo tanto se requieren baterías de litio que exigen una producción del recurso a gran escala. Empujado por la demanda, el precio del litio pasó recientemente de 7.000 dólares la tonelada a 70.000 y, por lo tanto, en la región de Atacama, que guarda casi un 60% de las reservas del planeta en el triángulo que componen los salares altoandinos de la Argentina, Chile y Bolivia, hay una clara avanzada de grandes corporaciones del Norte global para hacerse del recurso y controlar su explotación. Considerando que en Chile hay solamente dos empresas litíferas y la catalogación del litio como recurso estratégico dificulta el ingreso de otras nuevas, y que en Bolivia el control es estatal, la Argentina es el país que ofrece mayores beneficios y facilidades para la radicación de empresas transnacionales. El propio gobierno de Estados Unidos sostiene que nuestro país es el más atractivo para la inversión extranjera. Esas ventajas comparativas redundan en una economía de enclave, por la que en nuestro país se extrae el litio y se exporta sin pagar virtualmente ningún tipo de beneficio o renta, ni para la provincia, ni para el país, ni para las comunidades que habitan esos territorios. Mientras tanto, se consumen millones de litros de agua, peligra la biósfera toda y se desconoce la soberanía política de las comunidades locales.

La economía del litio. Aunque cueste creerlo, las regalías que oficialmente llegan a las provincias son del 3% según el valor del recurso en boca de mina (el mineral sin procesar), de lo que deben restarse costos de producción, por lo que apenas sobrepasan el 1% del valor del mineral. Las empresas abonan un porcentaje de ganancias al fisco nacional, pero cuentan con una serie de exenciones y posibilidades de deducir impuestos según la Ley de Inversiones Mineras neoliberal, que hace que finalmente devenguen un porcentaje mínimo. Tampoco tienen obligación de exportar litio de una determinada calidad y de un precio mayor —hidróxido de litio, por ejemplo—, de modo que en la mayoría de los casos envían litio grado técnico con el menor procesamiento posible. Hasta hace muy poco se añadían a este marco regulatorio inexplicable los reintegros a la exportación. Hubo incluso períodos en que las empresas llegaron a obtener más beneficios del Estado, sea provincial o nacional, de lo que pagaban como tributo, un esquema inconcebible en cualquier lugar del mundo. Por toda explicación se argumenta, a partir de un discurso anquilosado sobre la seguridad jurídica, acerca del supuesto incremento de empleo que traería la explotación y otras fantasías sobre los beneficios de determinada inversión.

La corrupción provincial y nacional. En términos amplios, todos los terrenos de los salares tienen una suerte de dueño formal que declara haber descubierto litio ante la Secretaría de Minería, desea pedimentar el área y paga por ello un canon ridículo. La estructura jurídico-política actual permite que cualquier particular pida y casi obtenga la propiedad pagando un canon insignificante. Ya casi no hay espacio que no esté pedimentado. Alegando esa pertenencia, las empresas logran luego financiarse en bolsas internacionales o venderla a otra empresa que finalmente la explota. No sólo se trata de un canon irrisoriamente bajo, sino que, en forma inexplicable, es posible conservar la pertenencia del espacio a lo largo del tiempo sin ningún tipo de exploración o producción. En este esquema, los únicos beneficiados son las élites que tienen el recurso en su propiedad. De ahí que la reciente decisión de la provincia de La Rioja de declarar el mineral y sus derivados como “recursos estratégicos” —una medida que permitiría la suspensión de permisos otorgados por la autoridad minera— haya encendido las alarmas del sector privado y renovado la tensión con otras provincias.

Además de que la ley favorece abiertamente a las empresas, estas se toman atribuciones insólitas en un país que hace posible que se vendan el mineral a sí mismas a un precio menor. Cuando la tonelada de litio costaba 55.000 dólares, se vendía aquí a 5.500: las empresas la vendían a ese precio a una filial propia en Estados Unidos. En cualquier caso, es imposible saber cuánto litio sale por la frontera porque la información se deduce de las declaraciones juradas que realiza la propia empresa. Se podría aventurar que por la frontera argentina salen 40.000 toneladas de litio o más, en lugar de las 20.000 nominales que se declaran. No es fácil investigarlo. Hay que superar un escollo tras otro para obtener datos precisos sobre los montos de las regalías que paga una empresa a la provincia o a la Nación, una información que debería ser pública y trasparente, y que sin embargo se oculta en la zona gris en que se desenvuelve la actividad. Conforme al marco normativo chileno, una sola empresa tributó en Chile 2.198 millones de dólares en los primeros seis meses de 2022, el 40% de la ganancia. La explotación del litio en la Argentina se rige en cambio por un marco que hace que no sea beneficioso en términos económicos ni para la provincia, ni para la Nación ni para las comunidades, una situación sólo explicable en un entramado corrupto y prebendario en el nivel provincial o nacional.

¿La minería del litio da empleo? Comparado con el valor de los recursos, el empleo resultante de la minería del litio es muy bajo. Una explotación en funcionamiento ofrece regularmente 300 empleos, un número insignificante en una economía provincial o nacional. Asegurar hoy que las inversiones se traducen en empleo es como argumentar que la extracción de la plata del Cerro Rico alimentaba a 300 personas en el Potosí colonial. El valor real está en la tenencia y el recurso, que se externaliza sin ningún tipo de miramientos.

Soberanía de las comunidades. Hay un factor muy importante por considerar, que excede la cuestión económica y se debe subrayar: el recurso del litio está asentado en territorios de comunidades originarias que los habitan ancestralmente, y por lo tanto es preciso respetar los protocolos de gestión, de política y autoafirmación democrática de las comunidades. La barbarie nacional y provincial consiste en no reconocer este hecho. Un Estado real debería componer, integrar, dialogar. En Bolivia la idea de plurinacionalidad supuso reconocer la pluralidad de sus habitantes; del mismo modo, debería abrirse aquí un diálogo franco con quienes originalmente detentan el recurso. Más aún, de manera muy atinada, las comunidades elaboraron un protocolo de consulta previa, libre e informada. Es decir: previa, antes del inicio del proyecto; libre, sin comprar, dividir o cooptar a las comunidades; e informada, con la información real y no ficticia. Nótese qué sensato es ese reclamo y sin embargo nunca se contempló.

Destino fatal o transformación. “El marco normativo y tributario que rige la explotación del litio en la Argentina”, resume Mel Argento, colega especialista en geopolítica, bienes comunes y problemática energética, “constituye un limitante que obtura las posibilidades de captación de renta propia de la actividad extractiva, así como la generación de empleo, integración de las capacidades generadas en el sistema de ciencia y técnica local en el entramado productivo y ascenso en la propia cadena de valor de las baterías y, más importante aún, erosiona la capacidad de controles socioambientales y facilita un cómodo desenvolvimiento del capital trasnacional”.

Podríamos también resumir el funcionamiento de la extracción del litio en la Argentina con una metáfora gráfica. Llegan primero al territorio las naves exploratorias, las empresas junior, que “aterrizan en los salares”. Luego, una vez que logran generar el entramado político-económico, son absorbidas por una especie de nave nodriza instalada allí para hacerse de los recursos. Y, finalmente, ponen en marcha una megamáquina extractiva que exporta la materia prima a los circuitos del Norte. Replicamos así la historia tradicional y trágica de América Latina, que supone brindar nuestros recursos, nuestra naturaleza (en condiciones ahora más drásticas, toda vez que, en medio de la crisis ambiental global, la naturaleza cuidada y preservada tiene un valor absoluto), para finalmente comprar los productos terminados. Una historia conocida en la región, que parecería repetirse con una fuerza persistente. Es preciso organizarse, dar una respuesta cívica y comunitaria, para poder torcer ese destino fatídico.

Bruno Fornillo, uno de los invitados al Encuentro en Salinas Grandes, Jujuy, organizado por Tomás Saraceno y la comunidad Aerocene en enero de 2023, es integrante junto con Mel Argento del Grupo Geopolítica y Bienes Comunes (Universidad de Buenos Aires) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y en Geopolítica (París VIII).